Petro, vuelve y juega
El fallo de tutela ordena que se
cumplan las medidas cautelares de la CIDH, que suspendían la destitución. La
Procuraduría anunció que impugnará la decisión.
Gustavo Petro estuvo 35 días fuera de la Alcaldía de Bogotá. Hoy habrá
concentración en la Plaza de Bolívar. / Archivo
Petro vuelve al Palacio Liévano. Al
menos de forma transitoria. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de
tutela, le ordenó al presidente Juan Manuel Santos restituirlo como alcalde de
la capital en las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión.
Para el Tribunal, el primer
mandatario tuvo que acatar las medidas cautelares que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a Petro el pasado 19 de
marzo, para proteger sus derechos políticos y su cargo de los efectos del fallo
de la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
La decisión del Tribunal, que aún no
ha sido notificada oficialmente, tiene efectos inmediatos. Sin embargo, esta no
es la última palabra, ya que la Procuraduría anunció que impugnará el fallo,
con lo que el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia que, en segunda
instancia, deberá decidir si lo ratifica o lo revoca, trámite que durará máximo
20 días.
Aunque al cierre de esta edición no
se conocía un pronunciamiento de la Casa de Nariño, el presidente advirtió el
lunes pasado que en caso de que un juez le ordenara restituir a Petro, él lo
haría de forma inmediata, en cumplimiento de la ley, como cuando hizo efectiva
la decisión de la Procuraduría el mismo 19 de marzo.
El fallo del Tribunal Superior de
Bogotá se conoce de manera sorpresiva, pues de 40 tutelas que fueron
presentadas ante la justicia, para obligar al primer mandatario a acatar las
medidas cautelares de la CIDH, al menos la mitad fueron falladas de forma
contraria a los intereses de Petro.
Además, las cabalas judiciales
apuntaban a que el regreso del destituido mandatario sería por cuenta de las
eventuales medidas cautelares que podría otorgar el Consejo de Estado, donde
cursa la demanda de nulidad que busca dejar sin efecto la decisión de la
Procuraduría o, incluso, por una decisión de la Corte Constitucional, que
revisa varias tutelas.
En caso de que la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá quede en firme en segunda instancia, poco importará
la suerte de los demás procesos que cursan ante la justicia colombiana. Las
medidas cautelares de la CIDH se mantendrían hasta que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (superior de la Comisión) decida de fondo sobre la demanda
interpuesta por Petro ante el Sistema Interamericano. A no ser que antes exista
una decisión de fondo en la justicia colombiana que tumbe la destitución del
Ministerio Público.
Ricardo Abello, experto en derecho
internacional, explicó que “lo más lógico es que las medidas cautelares de la
CIDH se mantengan hasta que se conozca una decisión de fondo de la justicia
colombiana. En caso de que ésta no sea favorable a Gustavo Petro, el caso
continuará su trámite en el Sistema Interamericano y es posible que solo hasta
el próximo año la Comisión lo eleve ante la Corte Interamericana, donde el
proceso podría tardar dos años más. Es decir, cuando se tenga un fallo de
fondo, Petro ya habrá terminado su mandato”.
Lo paradójico de la situación es que,
si bien una decisión judicial hoy devuelve a Petro al Palacio Liévano, un
mecanismo electoral podría sacarlo de forma definitiva. Una vez regrese a su
cargo, el proceso de revocatoria, que se suspendió tras su destitución, se
reactiva de forma automática. Es decir, la Registraduría fijará fecha para que
los bogotanos decidan en las urnas sobre la permanencia de la Bogotá Humana.
Frente a la decisión, Gustavo Petro
dijo a través de su cuenta de Twitter que fue “esta vez el Tribunal Superior de
Bogotá el que protegió los derechos políticos, que son derechos humanos de la
ciudadanía bogotana y míos”.
Por su parte, Susana Muhamad,
secretaria general del Distrito, opinó que era previsible porque Colombia debía
cumplir las normas internacionales que suscribió. “Nadie puede negar que esta
situación ha generado interrupciones en los procesos del Distrito”.
En el Concejo Distrital también hubo
reacciones. María Fernanda Rojas, de progresistas, expresó que el fallo
revierte una decisión desafortunada. “Santos se equivocó en el desacato a la
CIDH y estas son las consecuencias. No le queda más remedio que acatar la
orden”.
La oposición, en cabeza de la
cabildante por el Partido de la U, Clara Lucía Sandoval, manifestó que Petro
regresará para “hacer lo que sabe, que no es gerenciar, sino marchar y dar
discursos desde el balcón. Y Bogotá, postrada”.
Lo cierto es que el
presidente Santos, una vez sea notificado de la decisión, tendrá que restituir
a Gustavo Petro, quien reemplazará a María Mercedes Maldonado, que fue
alcaldesa por un día. El destituido regresará al cargo para el que fue electo y
Bogotá continuará en el limbo jurídico en el que está inmersa desde hace cinco
meses.
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